EL 8 DE AGOSTO DEFENDAMOS EN LA CALLE NUESTRO DERECHO A DECIDIR

EL 8 DE AGOSTO DEFENDAMOS EN LA CALLE NUESTRO DERECHO A DECIDIR

 

Laura Sánchez (SAdeM-Tucumán), Paula Moyano (SAdeM-Córdoba) y Nadiah Demarco (SAdeM-Nacional)

Educación sexual para decidir.

Anticonceptivos para no abortar.

Aborto legal para no morir.

 

En los primeros días de agosto el Senado nacional votará la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción de Diputados. Volverá a ser en medio de la extraordinaria movilización que vienen protagonizando mujeres a lo largo y ancho del país en los últimos años. Para conocer cómo se están organizando las seccionales para la vigilia del 8 de agosto,  La Nota estuvo con las compañeras responsables de las secretarías de género y diversidad nacional y de las seccionales Córdoba y Tucumán del Sindicato Argentino de Músicos.  

 

Paula Moyano (SAdeM-Córdoba)

Derecho a decidir

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Es el  puntapié inicial de un debate que considero nos debemos desde hace mucho tiempo los argentinos como sociedad.

En lo personal, estoy convencida de que el aborto debe abordarse como una problemática de salud pública, evitando criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que se ven obligadas a realizarlo en condiciones inseguras e insalubres, poniendo en riesgo su vida y su salud.

El proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya cuenta con media sanción en Diputados, encara la problemática desde la salud pública tomando en consideración el elevado número de mujeres que mueren año tras año, por realizarse abortos inseguros.

El desafío es reducir las altas tasas de mortalidad materna por complicaciones derivadas de abortos en nuestro país, al tiempo que se debe profundizar la labor de concientización e información para evitar los embarazos no deseados, dándole a mujeres y hombres todas las herramientas para que puedan llevar una vida sexual informada y segura.

En la actualidad carecemos de cifras oficiales que reflejen la cantidad de abortos que se realizan por año, lo que es una de las tantas consecuencias de la ilegalidad de la práctica. Sin embargo, diversos estudios estiman que en nuestro país se realizan aproximadamente 500.000 abortos cada año. Cifra muy superior a las que experimentan países que han legalizado el aborto, con población incluso mayor que la Argentina. En este punto vale insistir sobre algo fundamental, la despenalización del aborto no obliga a abortar, sino que legaliza y brinda seguridad a quien decide hacerlo, evitando situaciones de clandestinidad que causan la muerte de miles de mujeres.

La penalización ha demostrado su fracaso. No sólo no evita que las mujeres decidan sino que las condena a condiciones de clandestinidad que matan. La penalización convierte al aborto en un negocio. La penalización retira al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud.

Sin aborto legal, la persona que decide interrumpir un embarazo tiene tres posibilidades: abortar enriqueciendo a una clínica clandestina, la cárcel o la muerte. Donde haya una sola persona que muera por aborto clandestino, hay un problema de salud pública. Queremos un sistema de salud que abra las puertas a tiempo: que brinde información y acompañamiento. Queremos que se brinde la atención que corresponde en todos los centros de salud, queremos el derecho a la planificación familiar. Estar en contra, es estar a favor de la punibilidad y clandestinidad.

Creo que hay que romper esos falsos antagonismos que encierran el debate. No es que unos son defensores de la vida y otros no. Ni es tan sólo el derecho a la elección el que fundamenta el reclamo. Independientemente de las posturas individuales a favor o en contra del aborto, los mismos ocurren. No es una discusión por aborto sí / aborto no; el debate se plantea en términos de legalidad / clandestinidad.

El debate instalado en la sociedad permite comenzar a cuestionar estos mandatos. Nos permitirá también mirar el problema desde sus múltiples dimensiones. Y entender que cuando pensamos, diseñamos y sancionamos leyes que se convierten en políticas públicas, no pueden ser nuestras convicciones religiosas ni morales las que se impongan sino el convencimiento de que estamos construyendo las herramientas legales que necesita el país y en este caso, el derecho de las mujeres.

En todo el país, el movimiento de mujeres está creciendo exponencialmente: así se ha demostrado en las acciones anteriores tales como el paro de mujeres del 8M, o en la masiva concentración del 4 de junio, por ejemplo. En Córdoba se está trabajando activamente desde numerosos sectores para garantizar las actividades propuestas por la Campaña nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: tal es el caso de los pañuelazos organizados de manera masiva, como también los posicionamientos expresados por diversos colectivos (docentes, artistas, estudiantes, profesionales, etc.) que entienden que la criminalización del aborto voluntario atenta contra toda ampliación de derechos, restringe la ciudadanía de las mujeres y agrava la situación social de vulnerabilidad, que encuentra como consecuencia más violenta la muerte y que, mientras hay quienes poseen recursos para costear el procedimiento en clínicas privadas, las mujeres y las personas con capacidad de gestar y gestantes de escasos recursos económicos y educacionales, agobiadas hoy por la inflación, el desempleo y la crisis económica y que no cuentan con educación sexual integral ni tienen acceso asegurado a métodos anticonceptivos, son quienes principalmente están expuestas y padecen esas consecuencias.

Creo que el debate por la legalización del aborto tiene la particularidad de atravesar todos los sectores de la sociedad, incluso aquéllos que en otras discusiones no habían tomado una posición definida. De este modo, incluso dentro de las fuerzas políticas que llevan a cabo la discusión parlamentaria se han marcado posturas a favor o en contra. El caso paradigmático al respecto, tiene que ver con los sectores  pertenecientes a diversos cultos religiosos que se han organizado en apoyo a la ley: Católicas por el derecho a decidir, y  Cristianos y Cristianas por la vida plena y el derecho a decidir son algunos ejemplos de ello. Por otra parte la ley tiene el apoyo de universidades, redes de profesionales de la salud, organizaciones sociales y políticas, colectivos culturales, colegios profesionales, etc.  En este Sentido, el SAdeM  participa de la Intersindical de Mujeres de Córdoba, y ha acompañado las numerosas actividades que se han propuesto desde la campaña. Creemos que es fundamental visibilizar el reclamo en el espacio público, por lo que el próximo 8 de agosto estaremos acompañando la vigilia como lo hicimos el pasado 13 y 14 de junio.

 

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Laura Sánchez (SAdeM-Tucumán)

Organizaciones de mujeres, colectivos, sindicatos, estudiantes y profesionales, movilizados y en la calle

 

En Tucumán el gran crecimiento del movimiento de mujeres se produce en el 2015, como forma de visibilizar y luchar en contra de las violencias hacia las mujeres. Un caso que fue muy conocido fue el de Chiara Páez, de 14 años, asesinada por su novio y enterrada en el fondo de su casa. También hubo otras compañeras víctimas de femicidios.

Allí empezamos a juntarnos desde distintas organizaciones de mujeres, partidos políticos y sindicatos, para denunciar y luchar por nuestros derechos y nuestras vidas. Luego siguieron las convocatorias como el 8M, el Día de la Mujer trabajadora, en la cual se elabora un documento donde ponemos de manifiesto las desigualdades, como menor remuneración, puestos de trabajo que no se nos permite acceder, etc. y reclamamos participación igualitaria en sindicatos, y en la política misma.

Esto que les cuento se da de norte a sur y de este a oeste del país. Y en Tucumán la lucha es la misma: salimos a la calle en muchas oportunidades, pidiendo justicia por cada una de las mujeres, y el colectivo LGBTIQ, lxs cuales somos lxs principales víctimas de esta política.

En cuanto a lo que está en agenda en este momento, como ser la ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), en la provincia se encuentra la regional Tucumán de la campaña por el aborto legal nacional, de la cual formo parte, y coordinamos acciones con las organizaciones de mujeres y colectivos LGBTIQ, sindicatos, redes de estudiantes y profesionales para accionar en universidades, en la calle principalmente, en territorios dando charlas, promoviendo la ESI (Educación Sexual Integral), la cual no se implementa en la provincia, y exigiendo a la legislatura la aplicación de la ley de salud sexual y procreación, a la que Tucumán no adhiere. El número de jóvenes -y tucumanxs en general- que participan de cada acción es gratificante: somos muchísimxs, y eso es el resultado de todo el trabajo que venimos realizando.

En cuanto a los antiderechos, ellxs se sirven de los recursos económicos que poseen, intentan mentir y frenar el avance de la ley con argumentos absurdos y vacíos de contenidos. Por supuesto la Iglesia está atrás de todo: somos una provincia en la cual las escuelas públicas tienen Religión como materia. Pero a pesar de ello, el avance que tiene el movimiento de mujeres ya demostró que sus paradigmas están caducos.

La participación del Sadem en Tucumán fue desde la logística para cada una de las actividades: el sonido, lxs compañerxs que ayudan en cada movilización, y por supuesto la sede, en la que hicimos muchas reuniones de organización y coordinación de las actividades, además de estar una compañera dentro de la organización de cada acción.

El Sadem seccional Tucumán es una parte importante en esta lucha. Creemos fundamentalmente que la perspectiva de género, la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la ciudadanía plena son banderas que como sindicato tenemos que alzar con orgullo y convicción.

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Nadiah Demarco (SAdeM-Nacional)

La penalización del aborto valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres.

Los movimientos de mujeres en Buenos Aires han crecido mucho. La despenalización y legalización del aborto afianzó la esperanza de encontrar leyes que expresen y resguarden las necesidades que ellas requieren. Debe quedar claro que no pueden ni deben morir mujeres en lugares inhóspitos, en condiciones insalubres, con personal no idóneo y no matriculado. Hay que frenar el mercado ilegal del aborto, hay que enseñar en las escuelas y a los jóvenes la forma de prevenirlos a través de la educación sexual. El Estado no puede mirar para otro lado simulando que no es su responsabilidad. Es necesario legislarlo y encontrar una solución a ese y a tantos otros vacíos legales.

En esta lucha hay dos pensamientos muy marcados: verdes y celestes. El color verde ha marchado, ha hecho charlas, vigilias, ha visibilizado constantemente sus opiniones. Son quienes han defendido con fervor la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La penalización del aborto valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres.

En su contraparte, teñido de celeste, el “no al aborto legal”. Se oponen al derecho que nos asiste a decidir y están en contra del proyecto de ley. Sostienen, contra toda formulación científica, que la vida se inicia en el momento de la concepción.

Desde el SAdeM central hemos trabajado en conjunto con las provincias en charlas, marchas y vigilias para la aprobación de este proyecto de ley. También hemos hecho comunicados y adhesiones a las distintas organizaciones que se han movilizado. Estamos convencidos que despenalizar y legalizar el aborto no solo no va a aumentar los abortos, va a evitar las muertes de mujeres. Va a invalidar a la “mafia” del aborto ilegal. Va a educar a los jóvenes para que tengan las herramientas necesarias para cuidarse y protegerse a través de la educación sexual. Va a sostener psicológicamente a las mujeres que necesitan abortar.

Por sobre todas las cosas, consideramos que va a dejar de existir el vacío legal actual que es fruto del olvido y la desprotección de la mujer por una sociedad y un poder político que no la tuvo en cuenta desde el principio de la historia de nuestro país. El Estado va a tener que dar respuestas ante estos casos y va a tener que legislar para proteger a todxs lxs ciudadanxs como debería haber sido siempre, sea cual sea el género.